Tráfico de drogas

Nuestro cliente, PEDRO FRANCISCO acudió a nosotros solicitando nuestra defensa al haber ingresado en prisión provisional acusado de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas). que a nuestro cliente se le había incautado en su poder una cantidad de cocaína superior a 500 g y que tanto la incautación como la investigación cumplían con todos los requisitos para ser válidas, nos concentramos en obtener la libertad provisional de nuestro cliente, lo que conseguimos pasados seis meses.

Una vez nuestro cliente en libertad provisional, dedicamos nuestra estrategia a la preparación del juicio oral, sabiendo que una sentencia absolutoria resultaba muy improbable. Frente a la petición fiscal de ocho años de prisión para nuestro defendido, tuvimos una sentencia que le condenaba a tres años de prisión (Leer Sentencia), que fue confirmada por el Tribunal Supremo.

En ese momento solicitamos la concesión de un indulto al Gobierno, indulto que fue concedido, de manera que se le imponía una pena de dos años de prisión cuyo cumplimiento quedaba suspendido a condición de no cometer nuevos delitos en un periodo de 3 años (adjunto Auto de suspensión de la pena y BOE concediendo indulto).

Dadas las circunstancias (el hallazgo de sustancias estupefaciente en manos de nuestro cliente y la contundencia de las pruebas en su contra) el procedimiento, que se saldó de manera que nuestro cliente no tenía ingresar en prisión, cumplió las mejores expectativas de nuestro cliente y las de nuestro despacho

Fabricación de drogas

Nuestro cliente, HERACLIO, contrató nuestros servicios tras ingresar en prisión provisional acusado de un delito contra la salud pública, por tráfico de cocaína. La guardia civil encontró, tras una investigación previa, lo que parecía ser un laboratorio para la elaboración de cocaína en un piso cuyo contrato de arrendamiento estaba suscrito por nuestro cliente.

En un primer momento, nuestros esfuerzos se dirigieron a obtener la libertad provisional de nuestro defendido, lo que sucedió, afortunadamente, a las pocas semanas. Con posterioridad a esto concentramos nuestros esfuerzos en el análisis en profundidad el caso, en concreto de la investigación policial y determinadas circunstancias que pudieran ser constitutivas de una nulidad de actuaciones, por haber infringido la policía determinadas garantías constitucionales.

Sobre esta base, basándonos en unas intervenciones telefónicas que considerábamos injustificadas e inconstitucionales, así como una diligencia de entrada y registro que no cumplía con el marco de legalidad vigente, celebramos el juicio, en el que nuestro cliente estaba acusado de un delito de tráfico de drogas por el que se le pedía una pena de 6 años de prisión.

Afortunadamente, en el juicio pudimos demostrar que se habían vulnerado los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio, de manera que se absolvió a nuestro defendido del delito del que venía siendo acusado. (Leer Sentencia)

Nuestro cliente no tuvo que cumplir ni un solo día de prisión por estos hechos.

Posesión de drogas

Nuestro cliente, RAIMUNDO, fue detenido en el aeropuerto de Madrid Barajas cuando ocultaba en su estómago multitud de bolas de cocaína con un peso total de 754,616 gramos.

Dadas las circunstancias, al haberse encontrado la droga en el interior del organismo de nuestro defendido, la absolución no resultaba una opción viable (salvo que existiera alguna nulidad de actuaciones importantes, lo que en este caso no se daba) y en consecuencia, dado que su libertad provisional no era un objetivo realista, teniendo en cuenta que al ser extranjero nuestro cliente y no tener domicilio, familia, trabajo o cualquier otra circunstancia que nos permitiera hablar de la existencia de un arraigo, decidimos que la mejor opción era agilizar al máximo el procedimiento e intentar obtener una sentencia lo más baja posible.

Aparte, pudimos acreditar que nuestro defendido era consumidor de sustancias estupefacientes.

Con la estimación de esta circunstancia atenuante, pudimos conseguir un acuerdo con la fiscalía por el que se imponía a nuestro defendido la pena mínima de tres años de prisión, lo que dada la cantidad de droga incautada resultaba muy por debajo de lo habitual en estos casos.

Tras su condena, en la vía penitenciaria, nuestro cliente consiguió obtener permisos penitenciarios a los 9 meses y antes de alcanzar el año de prisión ya había obtenido el tercer grado penitenciario. (Leer Sentencia)

Conclusión: en un caso en el que no resultaba posible conseguir que se declarase inocente a nuestro defendido, pudimos conseguir que antes de un año de cumplimiento, en libertad y satisfecho con nuestros servicios.

Robo con violencia

Nuestro cliente solicitó nuestros servicios en prisión, donde se encontraba en condición de preso preventivo, acusado de haber cometido un robo con fuerza en casa habitada. Entre otras pruebas, destacaba el testimonio de un agente de la guardia civil que afirmaba haber vigilado a los acusados, incluso, haberlos visto salir de la vivienda donde se cometió el robo con el botín en las manos.

Dado que no resultaba probable desvirtuar un testimonio tan rotundo, nuestra estrategia se centró en el origen de la investigación: unas intervenciones telefónicas que habían sido acordadas por el juez para la investigación de otros hechos delictivos distintos.

Nuestros argumentos sobre la nulidad de todo el procedimiento, por haberse usado diligencias para la investigación de un delito en otra causa, para la que estas diligencias no habían sido autorizadas, fue estimada por el juez, declarando la nulidad de dichas intervenciones telefónicas y, en consecuencia, la nulidad también de todos los actos de investigación posteriores, incluida la vigilancia de la gente en cuestión, lo que permitió el dictado de una sentencia absolutoria. (Leer Sentencia)

Derecho Penitenciario

Nuestro cliente solicitó nuestros servicios cuando fue detenido por la policía e ingreso en prisión tras casi 20 años huido de la justicia y con una pena pendiente de cumplir de 12 años de prisión, de los que tan sólo había cumplido uno.

Asumimos su defensa y empezamos la preparación de su expediente penitenciario, documentando sus circunstancias personales, abonando el importe de la responsabilidad civil derivada del delito, y entrevistándonos con los miembros de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, a fin de poder detectar las posibles carencias que estos profesionales apreciarán en nuestro defendido y de ese modo poder centrarnos en corregir esos “puntos débiles”.

El trabajo coordinado de nuestro despacho, junto con una actitud muy positiva en nuestro cliente, quien en todo momento se dejó aconsejar, permitieron potenciar sus posibilidades y devolverle la libertad al cabo de tan solo un año de cumplimiento efectivo, estableciéndose un control presencial mediante un dispositivo de control telemático. (Leer Sentencia)